Se denomina Genocidio de Ruanda al intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda en 1994. En Ruanda se distinguían dos estamentos dentro de la etnia Banyaruanda, a la que pertenece toda la población: la mayoría hutu y el grupo minoritario de tutsis. Ambas distinciones fueron eliminadas de los carnets de identidad en 1994. No es posible distinguir los ciudadanos porque no hay ni rasgos raciales ni lingüísticos específicos de hutus y tutsis. Antes de la independencia del país, sus líderes siempre fueron tutsis. Desde 1961 hasta 1994, el poder fue asumido por los hutus.
Antecedentes
En el siglo IV a. C. los twas, pigmeos cazadores penetran en las montañas boscosas de Ruanda y se instalan allí de manera permanente. Unos siglos más tarde, hacia el XI d.C, agricultores hutus comienzan a llegar a la región y a establecerse de forma sedentaria, conviviendo con los twas en paz. Cien años después, y ya en el siglo XII y XIII de manera más clara, granjeros tutsis llegan a Ruanda provenientes de los alrededores (principalmente de la actual Uganda). También estos últimos se instalan en la zona y en el siglo XIV pasan a formar parte de una comunidad formada por twas (cazadores), hutus (agricultores) y tutsis (ganaderos). La convivencia entre las dos últimas etnias fue simbiótica durante un tiempo hasta que a partir del siglo XVI, los principales jefes tutsis inician unas campañas militares contra los hutus, acabando con sus príncipes, a los cuales, de forma cruel y simbólica, cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales buscando humillar a sus contrincantes y recordarles que éstos, los hutus, eran súbditos de los tutsis.
A pesar del dominio de los tutsis, las diferencias socioeconómicas no estaban muy pronunciadas. Aunque el pertenecer a uno u otro estamento definía el status social, un hutu, por ejemplo, podía ascender de clase si poseía las suficientes propiedades; sin embargo, ya había comenzado una relación de vasallaje dominada por la casta menos significativa en la zona, los tutsis, con un 14% de la población.
En el siglo XIX, los reyes tutsis habían afianzado su dominio. La mejor organización del clan real Nyiginya dominaba todo el país, lo que provocó una casta militar y social compuesta por tutsis y que excluía a la mayoría de la etnia hutu. Fue en este siglo, a raíz de estas circunstancias, cuando se creó una estructura socioeconómica clasista que aumentaría durante ese siglo a causa de la colonización europea; alemana en primer lugar (1897-1916) y luego belga, por mandato de la Sociedad de Naciones, debido a las sanciones impuestas a Prusia. La influencia occidental, a través de la introducción artificial por los belgas de un carné étnico (1934) que otorgaba a los tutsis mayor nivel social y mejores puestos en la administración colonial, acabó institucionalizando definitivamente las diferencias sociales. Mientras tanto, los pigmeos twas, gozaron de un relativo buen trato por parte de la casta tutsi que consideraba a los cazadores de las montañas por encima de los hutus en la pirámide social.
Con la colonización belga, el sistema socio-político se reforzó aún más en favor del estamento dominante: los tutsis. La necesidad de una expansión colonial consensuada dividió el continente africano en zonas dominadas por los países europeos que reforzaron a unos grupos u otros dependiendo de sus intereses. Cuando la administración belga consideró que las reivindicaciones tutsis eran desmesuradas, cambió de comportamiento y comenzó a apoyar a la mayoría hutu. Finalmente, la rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, de varios partidos políticos sobre bases étnicas: la Unión Nacional Ruandesa (UNR), de tendencia antihutu, la Unión Democrática Ruandesa (RADER), el Partido del Movimiento de Emancipación hutu (Parmehutu) y la Avocación para la Promoción Social de las Masas (Aprosoma) de orientación antitutsi. De igual manera, se debe resaltar el papel de los misioneros europeos por legitimar el sistema social y la dominacion colonial, con nuevas normas que limitaban el comprtamiento injusto y la explotación de unos por parte de otros.
A mitad de siglo XX, en 1958, después de que un grupo hutu con estudios redactara un manifiesto reclamando un cambio social, desde la corte real se respondió con un documento que, entre otras cosas, decía lo siguiente:
Podría preguntarse cómo los hutus reclaman ahora sus derechos al reparto del patrimonio común. De hecho, la relación entre nosotros (tutsis) y ellos (hutus) ha estado siempre fundamentada sobre el vasallaje; no hay, pues, entre ellos y nosotros ningún fundamento de fraternidad. Si nuestros reyes conquistaron el país de los hutus matando a sus reyezuelos, y sometiendo así a los hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos?
Ante esta posición de los gobernantes tutsis, se posicionaron personas como el obispo Perraudin, que fue determinante en el proceso de emancipación hutu. En su carta pastoral del 11 de febrero de 1959, lo manifiesta claramente:
La ley de la justicia y de la caridad pide que las instituciones de un país aseguren realmente a todos sus habitantes los mismos derechos fundamentales y las mismas posibilidades de promoción humana y de participación en los asuntos públicos. Las instituciones que consagren un régimen de privilegios, favoritismo, proteccionismo, bien sea para los individuos o para los grupos sociales, no son conformes a la moral cristiana.
Este es quizá el punto de escisión histórico más importante. A partir de aquí, los hutus comienzan, de forma meditada, a intentar socavar el poder de los tutsis para llegar a un mejor reparto de la riqueza. Un incidente el 1 de noviembre de 1959 entre jóvenes tutsis y uno de los líderes hutus se convirtió en la chispa de una revuelta popular, en la cual, los hutus quemaron propiedades tutsis y asesinaron a varios de sus propietarios. La administración belga, durante dos años de enfrentamientos de bajo nivel entre unos y otros, contabilizó un total de 74 muertos, de los cuales, no obstante, 61 eran hutus asesinados por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, el cual respondió con más fuerza ante la represión y, durante los dos años siguientes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados. Ante esta espiral de violencia, el 31 de mayo de 1961 la ONU proclamó una amnistía tras comprobar que los enfrentamientos se agravaban y la mayoría hutu ya había provocado el exilio de unos 150.000 tutsis. Aquel mismo año, Ruanda, liderada por la población hutu se independiza de Bélgica. Este momento fue aprovechado por la ONU para exigir la organización de un referéndum bajo la vigilancia de observadores. El resultado fue de un 80% del NO a la continuidad de la monarquía tutsi, lo que obligó a los gobernantes a aceptar la República, provocando el exilio de miles de tutsis partidarios del sistema vigente monárquico y contrarios a conceder el poder a los hutus. Los exiliados de corta edad de aquel momento, con el paso de los años, se llegarían a convertir en los fundadores del Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la guerra de Ruanda de 1990 hasta 1994.
Grégoire Kayibanda fue el primer presidente de una Ruanda liberada del dominio colonial. Los datos de crecimiento económico y estabilidad social eran esperanzadores. A pesar de las diferencias acumuladas durante siglos, tutsis y hutus lograban convivir sin llegar a enfrentamientos generalizados. La masa campesina accedía a la enseñanza y el país, sin demasiados recursos, progresaba. Aun así, los tutsis partidarios del régimen monárquico en el exilio se organizaron en los países limítrofes y lanzaron diversos ataques contra el gobierno ruandés, sin mucho éxito. El odio entre partidarios de la república, de mayoría hutu, y partidarios del régimen anterior a ésta, mayormente de la etnia tutsi, aumentaba y aunque todavía, al principio de la década de los 70, el enfrentamiento no era exarcerbado, ya se estaba fraguando una división social pronunciada que produciría conflictos mayores.
Desafortunadamente en 1972 se produjeron unas terribles matanzas en el vecino Burundi: 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis y esto provocó, definitivamente, un sentimiento anti-tutsi por parte de la mayoría de los hutus en el interior de Ruanda. La población comenzó a exigir a su presidente Grégoire Kayibanda mano dura contra la antaño clase dominante en el país y la respuesta insatisfactoria por parte del presidente y los casos de corrupción en el gobierno, provocaron el golpe de Estado del general Habyarimana (de origen hutu), en julio de 1973.
Pese a su irrupción antidemocrática en la escena política, el gobierno del general realizó una buena gestión del país hasta la segunda mitad de los 80, contando con el apoyo logístico y militar de Francia. También tomó la iniciativa de una reconciliación nacional. Estos datos son confirmados por el Banco Mundial, que presentaba a Ruanda como modelo de desarrollo en el África subsahariana durante la década de los 80, y por Amnistía Internacional, que en 1990, daba como satisfactorio el respeto de los derechos humanos. Aunque la tensión entre partidarios de un lado y otro se mantuvo durante los 17 años siguientes al golpe de Estado de Habyarimana, éste, había conseguido apaciguar a unos y a otros cediendo, sobre todo, que el control financiero del país se concentrara en manos tutsis, lo que demuestra que, a pesar de las acusaciones por parte de los exiliados tutsis de no ser permitidos de vuelta en el país por su etnia, éstos contaban, de nuevo, con una posición de poder. Además, durante algunos años, el FPR se había internado en Ruanda de forma clandestina y había reclutado a muchos jóvenes tutsis por todo el país para recibir una formación ideológica y militar y constituir brigadas secretas, diseminadas masivamente por las colinas. Este hecho es recordado por Tito Rutaremara, ideólogo del FPR:
Hacia el final del 87, se habían constituido 36 células del Frente en el interior del país.
Factores económicos externos, como el descenso del precio del café, principal producto de exportación, y otros internos, sobre todo la corrupción en el Norte del país (lugar de procedencia de Habyarimana) comenzaron a provocar nuevas tensiones en la segunda mitad de la década de los 80. El cada vez peor estado de la situación económica y la acusación de los tutsis exiliados de no ser permitida su vuelta al país, fueron las razones principales que provocaron la Guerra de Ruanda.
En el año 1989 el precio mundial del café se redujo en un 50% lo que hizo que Ruanda perdiera el 40% de sus ingresos por exportación. El país se enfrentó a la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años al mismo tiempo que aumentaba el gasto militar en detrimento de los servicios públicos.
En octubre de 1990 el Frente Patriótico Ruandés, compuesto por exiliados tutsis expulsados del país por los hutus con el apoyo del ejército, invade Ruanda desde su vecino Uganda. En 1993 los dos países firman un acuerdo de paz (Acuerdo de Arusha).
En Ruanda se crea un gobierno de transición compuesto por hutus y tutsis.
Genocidio
En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), son entrenadas y equipadas por el ejército ruandés entre arengas y ánimos a la confrontación con los tutsis por parte de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) dirigida por las facciones hutus más extremas. Estos mensajes incidían en las diferencias que separaban a ambos "grupos étnicos" y, a medida que avanza el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsi" se hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia de que la minoría tutsi planeaba un genocidio contra los hutus.
Según Linda Melvern, una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, el genocidio estuvo bien planeado. En el momento del inicio de la matanza, la milicia ruandesa estaba compuesta por 30.000 hombres (un miembro por cada diez familias) y organizados a lo largo del país con representantes en cada vecindario. Algunos miembros de la milicia podían adquirir rifles de asalto Ak-47 con sólo rellenar un formulario. Otras armas, como granadas no requirieron ningún papeleo y se distribuyeron masivamente.
El genocidio fue financiado, por lo menos en parte, con el dinero sacado de programas de ayuda internacionales, tales como la financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bajo un Programa de Ajuste Estructural. Se estima que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio—ya de por sí una de las naciones más pobres de la Tierra—con unos 4,6 millones de dólares gastados sólo en machetes, azadas, hachas, cuchillos y martillos . Se estima que tal gasto permitió que uno de cada tres varones hutus tuviera un machete nuevo.
Según Melvern, el primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, reveló [1] que el genocidio se discutió abiertamente en reuniones de gabinete, y cómo una ministra de gabinete dijo que estaba "personalmente a favor de conseguir librarse de todos los tutsis... sin tutsis todos los problemas de Ruanda desaparecerían".
Las víctimas
Probablemente, nunca se sabrá cuántos muertos provocó. Se calculan entre 500.000 y 1.000.000. Si fueron 800.000 equivaldrían al 11 por ciento del total de la población y 4/5 de los tutsis que vivían en el país. Tampoco se sabe cuántas víctimas ha provocado la venganza tutsi. Aunque se habla del "otro genocidio", parece que no es en absoluto comparable.
Reacciones internacionales
Francia
Mientras ocurría la tragedia, el mundo entero parecía ajeno a la barbarie y no intervino para parar el trágico conflicto. En el caso de Francia, y esto puede ser extensivo a Bélgica y a Alemania, todos con importantes intereses en la zona desde el siglo XIX, el comportamiento no fue del todo solidario. El general Roméo Dallaire describe la actitud de estos tres países antes, durante y después del conflicto, ante la pregunta de por qué los franceses impedían que ganaran la guerra los tutsis:
"Los franceses se mueven en la zona por la llamada francophonie, por el orgullo de controlar. E invariablemente ayudan a los hutus. Enseguida comprobé asombrado que tanto franceses como belgas y alemanes tenían allí consejeros a docenas. Ellos sí sabían lo que pasaba, pero ninguno proporcionaba a la ONU, es decir, a mí, su representante, la información que poseían. Y al mismo tiempo, esos países que estaban en el Consejo de Seguridad tampoco dejaban a la ONU, a mí, montar mi propia unidad de información, porque, decían, el mandato no contemplaba eso. Incluso cuando tuve constancia de que se pasaban armas de contrabando a través de la frontera de Uganda y pedí permiso para buscarlas, me contestaron que no."
A pesar de todo Francia se encargó, a través de la Operación turquesa, de pacificar parte del territorio. El país galo, con 2.500 soldados provenientes de sus bases en África, garantizó la seguridad en la parte suroeste del país y la llegada de la ayuda internacional. Todo hasta que la misión UNAMIR lograra reunir a los 5.500 soldados necesarios para hacerse cargo de la situación. De este modo, Francia se erigió con el mando del discurso de la solidaridad. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Según Victoria Brittain, Francia había prestado apoyo militar y logístico al gobierno del asesinado Habyarimana desde hacía años, lo que definió las intenciones del ejército galo como sospechosas. Según el estudio de Joan Casòliva y Joan Carrero[4] Francia había permanecido al lado de Habyarimana hasta la firma de los Acuerdos de Arusha. Apoyó al gobierno hutu con armamento para evitar la invasión del FPR y otras incursiones de los tutsis. Finalmente, se retiró del país con la llegada de los primeros soldados de la MINUAR (UNOMUR), en noviembre de 1993 y no volvió hasta junio de 1994 con la Operación turquesa, a petición de las Naciones Unidas y con estrictas condiciones de no apoyar al gobierno radical hutu.
Por otro lado, el ejército francés permitió que miembros de las milicias hutus y responsables de las primeras matanzas se refugiaran en «zonas seguras» fronterizas evitando así caer en manos del FPR y permitiendo que controlaran la gestión de la ayuda humanitaria.
Esto nos lleva a pensar que Francia aplicó una radical «Realpolitik» en la zona para no perder su capacidad de influencia en competencia con Bélgica y otros países.
Estados Unidos
Ninguno de sus principales gobernantes, durante el tiempo que duró el genocidio, usó esta palabra para definir lo que estaba ocurriendo en el país centroafricano. El haberlo admitido les hubiera obligado a intervernir en el conflicto. En su lugar, utilizaron la definición «actos de genocidio» para describir la situación. Pero lo más importante y que más influencia tuvo en el seno de las Naciones Unidas y por lo que no se actuó antes, fueron las continuas discrepancias que Estados Unidos sostuvo con el Secretario General de la ONU en ese momento, Boutros Boutros-Ghali. Las decisiones de éste, en varias ocasiones, chocaron de frente con las intenciones del Gobierno estadounidense.
Otro aspecto importante para comprender mejor la actitud de los Estados Unidos frente al genocidio ruandés y según argumentan Joan Casòliva y Joan Carrero fue el interés de los norteamericanos por influir en la zona. El mismo Secretario de Comercio de Estados Unidos de América, ya a principios de 1996, expresó las intenciones de Norteamérica en relación a África:
La era del dominio económico y de la hegemonía comercial de Europa sobre África ha terminado. África nos interesa.
Aunque estas declaraciones fueron hechas en 1996, hay hechos que claramente demuestran un interés por la zona desde antes incluso de 1994. Siguiendo la argumentación de Joan Casòliva y Joan Carrero, expondremos aquí algunos de ellos.
1. Durante la guerra de Ruanda, entre 1990 y 1994, soldados del FPR que atacaron el norte del país desde el vecino Uganda, habían adquirido formación militar en los Estados Unidos a través del programa IMET, lo que coloca al país norteamericano del lado de la población tutsi y de Uganda.
2. Años antes, entre 1989 y 1992. Uganda recibió una ayuda de 183 millones de dólares, la misma cantidad que durante los 27 años anteriores. Además, si consideramos que por aquel entonces, Estados Unidos era el principal proveedor de armas de Uganda, podemos concluir que la intención principal del gobierno americano era la de aumentar el poder e influencia de Uganda sobre otros países del entorno y conseguir así tener controlada la zona de los Grandes Lagos.
3. La misión de las Naciones Unidas MONOUR (o UNOMUR), que pretendía controlar la frontera entre Uganda y Ruanda para evitar más conflictos como los que se habían dado durante los últimos años por las incursiones del FPR en Ruanda, se vio entorpecida por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el pretexto de que faltaban pruebas objetivas que verificaran esas agresiones, incluso cuando fueron los responsables de la MONOUR los que informaron al Cuartel General de las Naciones Unidas de que Uganda les impedía realizar su trabajo y había adoptado un comportamiento radical.
4. La misión UNAMIR o MINUAR, liderada por el general Dallaire, y creada para cuidar del cumplimiento de los acuerdos de Arusha (Tanzania) fue durante cuatro meses bloqueada por norteamericanos y británicos. Este retraso provocó tensiones entre las partes ya enfrentadas: FPR y gobierno de Habyarimana.
5. La primera embajada en abandonar Ruanda fue la embajada norteamericana (7 de abril de 1994) y durante el genocidio puso todo tipo de impedimentos a las Naciones Unidas para poder actuar de forma decidida y enérgica y poder así parar el conflicto.
6. Pasados dos años de la masacre, el 15 de noviembre de 1996, Estados Unidos bloqueó la adopción y la aplicación de la resolución 1080, por la que el Consejo de Seguridad aprobaría el despliegue de una fuerza multinacional de protección de los refugiados y población civil amenazada en el Este del ex-Zaire y que estaban siendo masacrados por los militares ruandeses.
7. Por último, cuando se le preguntó a un miembro de la Administración Clinton por la asistencia masiva de Estados Unidos al Gobierno Ruandés, éste respondió que «era necesario establecer un régimen militar muy potente en la región de los Grandes Lagos para imponer soluciones militares a los conflictos»
Las compañías mineras
Es sabido que el subsuelo del Congo contiene yacimientos de cobre, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, cadmio, coltan y otros metales raros, pero sobre todo concentraciones de oro en cantidades excepcionales. Este hecho puede ser un elemento importante a la hora de observar las distintas actitudes de los países que tradicionalmente han dominado la zona desde la época colonial. Las grandes concentraciones de oro (18 Kg/oro fino por tonelada) se convierten en un factor más para comprender el insolidario comportamiento de algunos países occidentales, que podrían haber priorizado su competencia por controlar los ingentes recursos naturales de la zona a las vidas humanas.
La expansión del conflicto
El genocidio ruandés trajo consigo graves consecuencias para la región de los Grandes Lagos. Poco tiempo después del término de la crisis local, ésta se trasladó a los vecinos Zaire, Burundi y Uganda. El más afectado por esto fue Zaire, que ya vivía una crisis interna producto de la desestabilización generada por el desastroso gobierno de Mobutu Sese Seko. La llegada de millones de refugiados se convirtió en el caldo de cultivo que desataría la Primera y la Segunda Guerra del Congo, que dejaría el trágico saldo de 3.8 millones de muertos. Cuando se acercaba la guerra en el Congo, muchos escaparon hacia otros países pero otros miles murieron por la crueldad de estos asesinos, entre un incalculable número de niños y jóvenes inocentes.
Juicios y castigos
El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que el genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Éste tribunal tiene como objeto la persecución de los líderes e instigadores del genocidio.
Al mismo tiempo, una vez que la situación estuvo medianamente normalizada, los tribunales ruandeses iniciaron centenares de procesos en contra de inculpados de cometer las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha más de 700 personas han sido condenadas por los tribunales culpables de genocidio.
Caso Akayesu
Constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado el 8 de noviembre de 1994, en el caso Akayesu, declaró a un acusado culpable de violación por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial, y no por haberla cometido personalmente. El tribunal consideró que la violación constituía tortura y que, dadas las circunstancias, la violación generalizada, como parte de unas "medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo", constituía un acto de genocidio. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su propio grupo.
Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad de Detención del Tribunal en Arusha el 26 de mayo de 1996. El juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal I lo encontró culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida. Akayesu cumple condena a cadena perpetua en una prisión de Malí.
Theoneste Bagosora fue encontrado culpable por un tribunal de la ONU y condenado a cadena perpetua. Fue acusado de comandar las tropas y milicias hutu Interahamwe, responsables de la masacre. Además, el tribunal consideró que Bagosora fue "responsable" del asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y destacados miembros de la oposición, así como de diez soldados belgas.
Además, los jueces condenaron a los oficiales Aloys Ntabakuze y Anatol Nsengiyumva por su participación en el genocidio. El acusado general Gratien Kabiligi fue puesto en libertad.
El ICTR ha sentenciado a 32 personas desde 1997. El más reciente fue el famoso cantante ruandés Simon Bikindi, quien fue condenado a 15 años de prisión por haber pronunciado un discurso en junio de 1994 en el que instó a los hutus a matar a la minoría tutsi.
Antecedentes
En el siglo IV a. C. los twas, pigmeos cazadores penetran en las montañas boscosas de Ruanda y se instalan allí de manera permanente. Unos siglos más tarde, hacia el XI d.C, agricultores hutus comienzan a llegar a la región y a establecerse de forma sedentaria, conviviendo con los twas en paz. Cien años después, y ya en el siglo XII y XIII de manera más clara, granjeros tutsis llegan a Ruanda provenientes de los alrededores (principalmente de la actual Uganda). También estos últimos se instalan en la zona y en el siglo XIV pasan a formar parte de una comunidad formada por twas (cazadores), hutus (agricultores) y tutsis (ganaderos). La convivencia entre las dos últimas etnias fue simbiótica durante un tiempo hasta que a partir del siglo XVI, los principales jefes tutsis inician unas campañas militares contra los hutus, acabando con sus príncipes, a los cuales, de forma cruel y simbólica, cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales buscando humillar a sus contrincantes y recordarles que éstos, los hutus, eran súbditos de los tutsis.
A pesar del dominio de los tutsis, las diferencias socioeconómicas no estaban muy pronunciadas. Aunque el pertenecer a uno u otro estamento definía el status social, un hutu, por ejemplo, podía ascender de clase si poseía las suficientes propiedades; sin embargo, ya había comenzado una relación de vasallaje dominada por la casta menos significativa en la zona, los tutsis, con un 14% de la población.
En el siglo XIX, los reyes tutsis habían afianzado su dominio. La mejor organización del clan real Nyiginya dominaba todo el país, lo que provocó una casta militar y social compuesta por tutsis y que excluía a la mayoría de la etnia hutu. Fue en este siglo, a raíz de estas circunstancias, cuando se creó una estructura socioeconómica clasista que aumentaría durante ese siglo a causa de la colonización europea; alemana en primer lugar (1897-1916) y luego belga, por mandato de la Sociedad de Naciones, debido a las sanciones impuestas a Prusia. La influencia occidental, a través de la introducción artificial por los belgas de un carné étnico (1934) que otorgaba a los tutsis mayor nivel social y mejores puestos en la administración colonial, acabó institucionalizando definitivamente las diferencias sociales. Mientras tanto, los pigmeos twas, gozaron de un relativo buen trato por parte de la casta tutsi que consideraba a los cazadores de las montañas por encima de los hutus en la pirámide social.
Con la colonización belga, el sistema socio-político se reforzó aún más en favor del estamento dominante: los tutsis. La necesidad de una expansión colonial consensuada dividió el continente africano en zonas dominadas por los países europeos que reforzaron a unos grupos u otros dependiendo de sus intereses. Cuando la administración belga consideró que las reivindicaciones tutsis eran desmesuradas, cambió de comportamiento y comenzó a apoyar a la mayoría hutu. Finalmente, la rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, de varios partidos políticos sobre bases étnicas: la Unión Nacional Ruandesa (UNR), de tendencia antihutu, la Unión Democrática Ruandesa (RADER), el Partido del Movimiento de Emancipación hutu (Parmehutu) y la Avocación para la Promoción Social de las Masas (Aprosoma) de orientación antitutsi. De igual manera, se debe resaltar el papel de los misioneros europeos por legitimar el sistema social y la dominacion colonial, con nuevas normas que limitaban el comprtamiento injusto y la explotación de unos por parte de otros.
A mitad de siglo XX, en 1958, después de que un grupo hutu con estudios redactara un manifiesto reclamando un cambio social, desde la corte real se respondió con un documento que, entre otras cosas, decía lo siguiente:
Podría preguntarse cómo los hutus reclaman ahora sus derechos al reparto del patrimonio común. De hecho, la relación entre nosotros (tutsis) y ellos (hutus) ha estado siempre fundamentada sobre el vasallaje; no hay, pues, entre ellos y nosotros ningún fundamento de fraternidad. Si nuestros reyes conquistaron el país de los hutus matando a sus reyezuelos, y sometiendo así a los hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos?
Ante esta posición de los gobernantes tutsis, se posicionaron personas como el obispo Perraudin, que fue determinante en el proceso de emancipación hutu. En su carta pastoral del 11 de febrero de 1959, lo manifiesta claramente:
La ley de la justicia y de la caridad pide que las instituciones de un país aseguren realmente a todos sus habitantes los mismos derechos fundamentales y las mismas posibilidades de promoción humana y de participación en los asuntos públicos. Las instituciones que consagren un régimen de privilegios, favoritismo, proteccionismo, bien sea para los individuos o para los grupos sociales, no son conformes a la moral cristiana.
Este es quizá el punto de escisión histórico más importante. A partir de aquí, los hutus comienzan, de forma meditada, a intentar socavar el poder de los tutsis para llegar a un mejor reparto de la riqueza. Un incidente el 1 de noviembre de 1959 entre jóvenes tutsis y uno de los líderes hutus se convirtió en la chispa de una revuelta popular, en la cual, los hutus quemaron propiedades tutsis y asesinaron a varios de sus propietarios. La administración belga, durante dos años de enfrentamientos de bajo nivel entre unos y otros, contabilizó un total de 74 muertos, de los cuales, no obstante, 61 eran hutus asesinados por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, el cual respondió con más fuerza ante la represión y, durante los dos años siguientes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados. Ante esta espiral de violencia, el 31 de mayo de 1961 la ONU proclamó una amnistía tras comprobar que los enfrentamientos se agravaban y la mayoría hutu ya había provocado el exilio de unos 150.000 tutsis. Aquel mismo año, Ruanda, liderada por la población hutu se independiza de Bélgica. Este momento fue aprovechado por la ONU para exigir la organización de un referéndum bajo la vigilancia de observadores. El resultado fue de un 80% del NO a la continuidad de la monarquía tutsi, lo que obligó a los gobernantes a aceptar la República, provocando el exilio de miles de tutsis partidarios del sistema vigente monárquico y contrarios a conceder el poder a los hutus. Los exiliados de corta edad de aquel momento, con el paso de los años, se llegarían a convertir en los fundadores del Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la guerra de Ruanda de 1990 hasta 1994.
Grégoire Kayibanda fue el primer presidente de una Ruanda liberada del dominio colonial. Los datos de crecimiento económico y estabilidad social eran esperanzadores. A pesar de las diferencias acumuladas durante siglos, tutsis y hutus lograban convivir sin llegar a enfrentamientos generalizados. La masa campesina accedía a la enseñanza y el país, sin demasiados recursos, progresaba. Aun así, los tutsis partidarios del régimen monárquico en el exilio se organizaron en los países limítrofes y lanzaron diversos ataques contra el gobierno ruandés, sin mucho éxito. El odio entre partidarios de la república, de mayoría hutu, y partidarios del régimen anterior a ésta, mayormente de la etnia tutsi, aumentaba y aunque todavía, al principio de la década de los 70, el enfrentamiento no era exarcerbado, ya se estaba fraguando una división social pronunciada que produciría conflictos mayores.
Desafortunadamente en 1972 se produjeron unas terribles matanzas en el vecino Burundi: 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis y esto provocó, definitivamente, un sentimiento anti-tutsi por parte de la mayoría de los hutus en el interior de Ruanda. La población comenzó a exigir a su presidente Grégoire Kayibanda mano dura contra la antaño clase dominante en el país y la respuesta insatisfactoria por parte del presidente y los casos de corrupción en el gobierno, provocaron el golpe de Estado del general Habyarimana (de origen hutu), en julio de 1973.
Pese a su irrupción antidemocrática en la escena política, el gobierno del general realizó una buena gestión del país hasta la segunda mitad de los 80, contando con el apoyo logístico y militar de Francia. También tomó la iniciativa de una reconciliación nacional. Estos datos son confirmados por el Banco Mundial, que presentaba a Ruanda como modelo de desarrollo en el África subsahariana durante la década de los 80, y por Amnistía Internacional, que en 1990, daba como satisfactorio el respeto de los derechos humanos. Aunque la tensión entre partidarios de un lado y otro se mantuvo durante los 17 años siguientes al golpe de Estado de Habyarimana, éste, había conseguido apaciguar a unos y a otros cediendo, sobre todo, que el control financiero del país se concentrara en manos tutsis, lo que demuestra que, a pesar de las acusaciones por parte de los exiliados tutsis de no ser permitidos de vuelta en el país por su etnia, éstos contaban, de nuevo, con una posición de poder. Además, durante algunos años, el FPR se había internado en Ruanda de forma clandestina y había reclutado a muchos jóvenes tutsis por todo el país para recibir una formación ideológica y militar y constituir brigadas secretas, diseminadas masivamente por las colinas. Este hecho es recordado por Tito Rutaremara, ideólogo del FPR:
Hacia el final del 87, se habían constituido 36 células del Frente en el interior del país.
Factores económicos externos, como el descenso del precio del café, principal producto de exportación, y otros internos, sobre todo la corrupción en el Norte del país (lugar de procedencia de Habyarimana) comenzaron a provocar nuevas tensiones en la segunda mitad de la década de los 80. El cada vez peor estado de la situación económica y la acusación de los tutsis exiliados de no ser permitida su vuelta al país, fueron las razones principales que provocaron la Guerra de Ruanda.
En el año 1989 el precio mundial del café se redujo en un 50% lo que hizo que Ruanda perdiera el 40% de sus ingresos por exportación. El país se enfrentó a la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años al mismo tiempo que aumentaba el gasto militar en detrimento de los servicios públicos.
En octubre de 1990 el Frente Patriótico Ruandés, compuesto por exiliados tutsis expulsados del país por los hutus con el apoyo del ejército, invade Ruanda desde su vecino Uganda. En 1993 los dos países firman un acuerdo de paz (Acuerdo de Arusha).
En Ruanda se crea un gobierno de transición compuesto por hutus y tutsis.
Genocidio
En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), son entrenadas y equipadas por el ejército ruandés entre arengas y ánimos a la confrontación con los tutsis por parte de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) dirigida por las facciones hutus más extremas. Estos mensajes incidían en las diferencias que separaban a ambos "grupos étnicos" y, a medida que avanza el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsi" se hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia de que la minoría tutsi planeaba un genocidio contra los hutus.
Según Linda Melvern, una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, el genocidio estuvo bien planeado. En el momento del inicio de la matanza, la milicia ruandesa estaba compuesta por 30.000 hombres (un miembro por cada diez familias) y organizados a lo largo del país con representantes en cada vecindario. Algunos miembros de la milicia podían adquirir rifles de asalto Ak-47 con sólo rellenar un formulario. Otras armas, como granadas no requirieron ningún papeleo y se distribuyeron masivamente.
El genocidio fue financiado, por lo menos en parte, con el dinero sacado de programas de ayuda internacionales, tales como la financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bajo un Programa de Ajuste Estructural. Se estima que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio—ya de por sí una de las naciones más pobres de la Tierra—con unos 4,6 millones de dólares gastados sólo en machetes, azadas, hachas, cuchillos y martillos . Se estima que tal gasto permitió que uno de cada tres varones hutus tuviera un machete nuevo.
Según Melvern, el primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, reveló [1] que el genocidio se discutió abiertamente en reuniones de gabinete, y cómo una ministra de gabinete dijo que estaba "personalmente a favor de conseguir librarse de todos los tutsis... sin tutsis todos los problemas de Ruanda desaparecerían".
Las víctimas
Probablemente, nunca se sabrá cuántos muertos provocó. Se calculan entre 500.000 y 1.000.000. Si fueron 800.000 equivaldrían al 11 por ciento del total de la población y 4/5 de los tutsis que vivían en el país. Tampoco se sabe cuántas víctimas ha provocado la venganza tutsi. Aunque se habla del "otro genocidio", parece que no es en absoluto comparable.Reacciones internacionales
Francia
Mientras ocurría la tragedia, el mundo entero parecía ajeno a la barbarie y no intervino para parar el trágico conflicto. En el caso de Francia, y esto puede ser extensivo a Bélgica y a Alemania, todos con importantes intereses en la zona desde el siglo XIX, el comportamiento no fue del todo solidario. El general Roméo Dallaire describe la actitud de estos tres países antes, durante y después del conflicto, ante la pregunta de por qué los franceses impedían que ganaran la guerra los tutsis:
"Los franceses se mueven en la zona por la llamada francophonie, por el orgullo de controlar. E invariablemente ayudan a los hutus. Enseguida comprobé asombrado que tanto franceses como belgas y alemanes tenían allí consejeros a docenas. Ellos sí sabían lo que pasaba, pero ninguno proporcionaba a la ONU, es decir, a mí, su representante, la información que poseían. Y al mismo tiempo, esos países que estaban en el Consejo de Seguridad tampoco dejaban a la ONU, a mí, montar mi propia unidad de información, porque, decían, el mandato no contemplaba eso. Incluso cuando tuve constancia de que se pasaban armas de contrabando a través de la frontera de Uganda y pedí permiso para buscarlas, me contestaron que no."
A pesar de todo Francia se encargó, a través de la Operación turquesa, de pacificar parte del territorio. El país galo, con 2.500 soldados provenientes de sus bases en África, garantizó la seguridad en la parte suroeste del país y la llegada de la ayuda internacional. Todo hasta que la misión UNAMIR lograra reunir a los 5.500 soldados necesarios para hacerse cargo de la situación. De este modo, Francia se erigió con el mando del discurso de la solidaridad. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Según Victoria Brittain, Francia había prestado apoyo militar y logístico al gobierno del asesinado Habyarimana desde hacía años, lo que definió las intenciones del ejército galo como sospechosas. Según el estudio de Joan Casòliva y Joan Carrero[4] Francia había permanecido al lado de Habyarimana hasta la firma de los Acuerdos de Arusha. Apoyó al gobierno hutu con armamento para evitar la invasión del FPR y otras incursiones de los tutsis. Finalmente, se retiró del país con la llegada de los primeros soldados de la MINUAR (UNOMUR), en noviembre de 1993 y no volvió hasta junio de 1994 con la Operación turquesa, a petición de las Naciones Unidas y con estrictas condiciones de no apoyar al gobierno radical hutu.
Por otro lado, el ejército francés permitió que miembros de las milicias hutus y responsables de las primeras matanzas se refugiaran en «zonas seguras» fronterizas evitando así caer en manos del FPR y permitiendo que controlaran la gestión de la ayuda humanitaria.
Esto nos lleva a pensar que Francia aplicó una radical «Realpolitik» en la zona para no perder su capacidad de influencia en competencia con Bélgica y otros países.
Estados Unidos
Ninguno de sus principales gobernantes, durante el tiempo que duró el genocidio, usó esta palabra para definir lo que estaba ocurriendo en el país centroafricano. El haberlo admitido les hubiera obligado a intervernir en el conflicto. En su lugar, utilizaron la definición «actos de genocidio» para describir la situación. Pero lo más importante y que más influencia tuvo en el seno de las Naciones Unidas y por lo que no se actuó antes, fueron las continuas discrepancias que Estados Unidos sostuvo con el Secretario General de la ONU en ese momento, Boutros Boutros-Ghali. Las decisiones de éste, en varias ocasiones, chocaron de frente con las intenciones del Gobierno estadounidense.
Otro aspecto importante para comprender mejor la actitud de los Estados Unidos frente al genocidio ruandés y según argumentan Joan Casòliva y Joan Carrero fue el interés de los norteamericanos por influir en la zona. El mismo Secretario de Comercio de Estados Unidos de América, ya a principios de 1996, expresó las intenciones de Norteamérica en relación a África:
La era del dominio económico y de la hegemonía comercial de Europa sobre África ha terminado. África nos interesa.
Aunque estas declaraciones fueron hechas en 1996, hay hechos que claramente demuestran un interés por la zona desde antes incluso de 1994. Siguiendo la argumentación de Joan Casòliva y Joan Carrero, expondremos aquí algunos de ellos.
1. Durante la guerra de Ruanda, entre 1990 y 1994, soldados del FPR que atacaron el norte del país desde el vecino Uganda, habían adquirido formación militar en los Estados Unidos a través del programa IMET, lo que coloca al país norteamericano del lado de la población tutsi y de Uganda.
2. Años antes, entre 1989 y 1992. Uganda recibió una ayuda de 183 millones de dólares, la misma cantidad que durante los 27 años anteriores. Además, si consideramos que por aquel entonces, Estados Unidos era el principal proveedor de armas de Uganda, podemos concluir que la intención principal del gobierno americano era la de aumentar el poder e influencia de Uganda sobre otros países del entorno y conseguir así tener controlada la zona de los Grandes Lagos.
3. La misión de las Naciones Unidas MONOUR (o UNOMUR), que pretendía controlar la frontera entre Uganda y Ruanda para evitar más conflictos como los que se habían dado durante los últimos años por las incursiones del FPR en Ruanda, se vio entorpecida por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el pretexto de que faltaban pruebas objetivas que verificaran esas agresiones, incluso cuando fueron los responsables de la MONOUR los que informaron al Cuartel General de las Naciones Unidas de que Uganda les impedía realizar su trabajo y había adoptado un comportamiento radical.
4. La misión UNAMIR o MINUAR, liderada por el general Dallaire, y creada para cuidar del cumplimiento de los acuerdos de Arusha (Tanzania) fue durante cuatro meses bloqueada por norteamericanos y británicos. Este retraso provocó tensiones entre las partes ya enfrentadas: FPR y gobierno de Habyarimana.
5. La primera embajada en abandonar Ruanda fue la embajada norteamericana (7 de abril de 1994) y durante el genocidio puso todo tipo de impedimentos a las Naciones Unidas para poder actuar de forma decidida y enérgica y poder así parar el conflicto.
6. Pasados dos años de la masacre, el 15 de noviembre de 1996, Estados Unidos bloqueó la adopción y la aplicación de la resolución 1080, por la que el Consejo de Seguridad aprobaría el despliegue de una fuerza multinacional de protección de los refugiados y población civil amenazada en el Este del ex-Zaire y que estaban siendo masacrados por los militares ruandeses.
7. Por último, cuando se le preguntó a un miembro de la Administración Clinton por la asistencia masiva de Estados Unidos al Gobierno Ruandés, éste respondió que «era necesario establecer un régimen militar muy potente en la región de los Grandes Lagos para imponer soluciones militares a los conflictos»
Las compañías mineras
Es sabido que el subsuelo del Congo contiene yacimientos de cobre, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, cadmio, coltan y otros metales raros, pero sobre todo concentraciones de oro en cantidades excepcionales. Este hecho puede ser un elemento importante a la hora de observar las distintas actitudes de los países que tradicionalmente han dominado la zona desde la época colonial. Las grandes concentraciones de oro (18 Kg/oro fino por tonelada) se convierten en un factor más para comprender el insolidario comportamiento de algunos países occidentales, que podrían haber priorizado su competencia por controlar los ingentes recursos naturales de la zona a las vidas humanas.
La expansión del conflicto
El genocidio ruandés trajo consigo graves consecuencias para la región de los Grandes Lagos. Poco tiempo después del término de la crisis local, ésta se trasladó a los vecinos Zaire, Burundi y Uganda. El más afectado por esto fue Zaire, que ya vivía una crisis interna producto de la desestabilización generada por el desastroso gobierno de Mobutu Sese Seko. La llegada de millones de refugiados se convirtió en el caldo de cultivo que desataría la Primera y la Segunda Guerra del Congo, que dejaría el trágico saldo de 3.8 millones de muertos. Cuando se acercaba la guerra en el Congo, muchos escaparon hacia otros países pero otros miles murieron por la crueldad de estos asesinos, entre un incalculable número de niños y jóvenes inocentes.
Juicios y castigos
El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que el genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Éste tribunal tiene como objeto la persecución de los líderes e instigadores del genocidio.
Al mismo tiempo, una vez que la situación estuvo medianamente normalizada, los tribunales ruandeses iniciaron centenares de procesos en contra de inculpados de cometer las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha más de 700 personas han sido condenadas por los tribunales culpables de genocidio.
Caso Akayesu
Constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado el 8 de noviembre de 1994, en el caso Akayesu, declaró a un acusado culpable de violación por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial, y no por haberla cometido personalmente. El tribunal consideró que la violación constituía tortura y que, dadas las circunstancias, la violación generalizada, como parte de unas "medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo", constituía un acto de genocidio. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su propio grupo.
Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad de Detención del Tribunal en Arusha el 26 de mayo de 1996. El juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal I lo encontró culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida. Akayesu cumple condena a cadena perpetua en una prisión de Malí.
Theoneste Bagosora fue encontrado culpable por un tribunal de la ONU y condenado a cadena perpetua. Fue acusado de comandar las tropas y milicias hutu Interahamwe, responsables de la masacre. Además, el tribunal consideró que Bagosora fue "responsable" del asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y destacados miembros de la oposición, así como de diez soldados belgas.
Además, los jueces condenaron a los oficiales Aloys Ntabakuze y Anatol Nsengiyumva por su participación en el genocidio. El acusado general Gratien Kabiligi fue puesto en libertad.
El ICTR ha sentenciado a 32 personas desde 1997. El más reciente fue el famoso cantante ruandés Simon Bikindi, quien fue condenado a 15 años de prisión por haber pronunciado un discurso en junio de 1994 en el que instó a los hutus a matar a la minoría tutsi.
Jesús E Ramirez C
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